El año 2022 dejó en el escenario jurídico cubano la impronta de una nueva Ley de la Expropiación por razones de utilidad pública o interés social. Su regulación supone la configuración normativa de una institución clave en la comprensión de las dinámicas entre el Estado y las personas, atributo del debido equilibrio entre el ejercicio de potestades por parte de la Administración Pública y la defensa de los derechos de los ciudadanos.